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Profesor de la Universidad respondió la solicitada de las cámaras empresarias

De todo, menos diálogo y consenso. La solicitada “Chubut y un llamado a la racionalidad”
Por Dr. Sebastián Barros*

La realidad de nuestra provincia no deja de sorprendernos. Vivimos en una coyuntura en la que asoma lo peor de un sentido común no-democrático que, por momentos, parece apropiarse de la vida comunitaria. Muestra de este poco democrático carácter es la solicitada que circula firmada por algunas cámaras empresariales de nuestra ciudad y de la provincia. Más allá de que las cámaras están en todo su derecho de expresar opiniones políticas, y está muy bien que así lo hagan, también es un derecho discutir esas opiniones. El problema es que el texto de la solicitada obstaculiza el diálogo en lugar de promoverlo.

1.- La solicitada dice que las cámaras no consideran justo el proceder de los sectores estatales provinciales puesto que se “ha causado un desproporcionado perjuicio” al sector productivo. Es decir, el llamado a la racionalidad que titula la solicitada tiene como objetivo garantizar las ganancias que estas empresas estarían perdiendo por culpa de la huelgas de trabajadores provinciales.

“Ninguna mención se hace sobre vivir en una sociedad más justa, una ciudad o una provincia más equitativa que merezca ser habitada por la totalidad de quienes vivimos en ella”.

No hay una mínima auto-crítica hacia el supuesto diálogo que respaldan como partidarios de la figura del Sr. Gobernador: el diálogo de la amenaza constante del uso de la fuerza, el diálogo de las patotas de un funcionario provincial agrediendo a una ciudadanía movilizada en la defensa de sus derechos, el diálogo del alumbrado público desconectado en los lugares donde se desarrollan las protestas, el diálogo de llamar a mesas de discusión en las que nada se resuelve. No, lo justo para las cámaras solo atañe a la ganancia empresarial. Antes que un llamado a la racionalidad estamos frente a una maniobra de quienes quieren hacer pasar su propio interés egoísta como el bien colectivo. Es como si dijeran: “No nos importa en lo más mínimo cuánto cobran Uds., ni en qué tiempos se debe abonar el salario de las personas que conviven conmigo en esta comunidad, ni en qué condiciones trabajan o van a la escuela mis hijos e hijas: sólo quiero mi ganancia”. Ahora, cuando estas mismas empresas son contratadas para llevar adelante una obra pública, ante el primer retraso en los pagos del Estado en cualquiera de sus niveles paralizan la obra, suspenden trabajadores, o la dejan inconclusa y se mandan a mudar. Una ciudad repleta de obras públicas a medio terminar es testimonio elocuente de la idea de justicia y la racionalidad del consenso que tiene el empresariado frente a los pagos escalonados del Estado.

2.- Para garantizar esas ganancias, las empresas piden un “diálogo serio” y “comprender la realidad en la que estamos y poner el bien común por delante de los intereses particulares y las aspiraciones políticas”. De este modo, las empresas bastardean tanto la idea de diálogo como la idea de bien común. Para las cámaras, reconstruir el diálogo significa que quienes están defendiendo sus derechos vuelvan a trabajar sin cobrar cuando corresponde, que “comprendan la realidad en la que estamos” (como si no llegar a fin de mes no fuese un golpe de realidad) y que no hablen más si no es para asentir lo que diga el Sr. Gobernador. ¿A qué diálogo llaman y qué racionalidad pretenden si describen a quienes defienden ideas contrapuestas a las suyas como seres irracionales que esconden aspiraciones políticas y no respetan derechos del resto de la ciudadanía? Si van a llamar al diálogo por lo menos supongan que esos “otros” tienen intereses tan válidos como los vuestros, pretensiones de validez legítimas y razones para argumentar. Si no, no hay diálogo, ni racionalidad ni consenso posible.

3.- La mención a los antepasados requiere un punto especial. De nuevo aparece el más llano de los sentidos comunes: “la unión de todos forjará el destino que nuestros antepasados buscaron cuando llegaron a la Patagonia”. Esta vez se bastardea la historia asociándola a la pertenencia de “los pioneros”. Lo que nos transforma en una comunidad no es el tiempo de la presencia en el lugar, no es una fecha de arribo que se quiere contrabandear como fecha de habilitación para reclamar al Estado. Lo que nos transforma en miembros de una comunidad es un derecho: el derecho a la ciudadanía. Al mencionar a sus antepasados, las cámaras empresariales están defendiendo una idea discriminadora y excluyente que niega el principio constitucional de petición a las autoridades limitándolo por un tiempo de la inmigración que nada tiene que ver con la racionalidad del diálogo y la búsqueda del consenso.

4.- La referencia a la niñez que sufre “un daño irreparable” por sus docentes en lucha sigue la misma lógica. Se habla de “nuestros niños” a renglón seguido del perjuicio productivo y se mencionan derechos conculcados por el accionar de “ciertos grupos”. Ahora bien, es tan pobre la solicitada que en ningún momento hace el intento, aunque más no sea políticamente correcto, de hacer referencia a los derechos de quienes trabajan y no cobran en tiempo y forma, de quienes no tienen protección de salud regular a pesar de pagarla y de quienes tienen que desarrollar sus tareas en las condiciones precarias que presentan los lugares de trabajo. Los niños y niñas de esta provincia, nuestros o no, sufren daños cada vez que quien le tiene que enseñar lo hace en circunstancias deterioradas por una seguidilla de gobiernos provinciales que no han sido capaces de liderar un proceso político-profesional que transforme la realidad educativa. Pensar que la calidad de la educación afecta solo a niños y niñas es ignorar lo que supone el proceso de enseñanza y aprendizaje. La calidad de la educación compromete también el salario, bienestar y condiciones laborales de quienes cumplen un rol fundamental en dicho proceso y, en este sentido, afecta a toda la comunidad.

5.- El llamado a la defensa de la institucionalidad es otra muestra de la pobreza de la solicitada. Se esgrime en ella un rechazo “a quienes creen que tienen derecho de representar los destinos colectivos para los cuales NO los hemos elegido”. Primero, debe decirse que la representación democrática incluye el derecho a manifestarse en contra de la representación elegida cuando la misma no satisface los criterios de esa representación. Esto no es solo en Comodoro Rivadavia ni en Chubut: esto es así en el mundo occidental más o menos desde el siglo XVII.  Segundo, el destino colectivo no es único. En la vida democrática las ideas de la vida buena son plurales, conflictivas e inestables. Pensar que quien gana una elección tiene derecho a regir el destino colectivo es una idea poco democrática. El destino de la comunidad se juega en una política que no sólo aspira a “transmitir o hacer lo que la ciudadanía quiere” sino una política que se pone al frente de una idea de comunidad, la defiende y la lleva delante de manera democrática. Tercero, la solicitada da a entender que sólo tienen capacidad de representación quienes eligen las cámaras empresariales. El resto no representa: son sindicatos que pasan regularmente por elecciones, que funcionan a través de asambleas y que tienen reconocimiento jurídico estatal, pero como no representan las ganancias de las empresas no valen como representación.
Si la premisa de las cámaras era colaborar con el consenso y la racionalidad deberían cuidar que sus declaraciones y las formas de participación política que elijan en defensa de sus intereses y ganancias, sean de apoyo o no al gobernante de turno, sean parte de la solución democrática de los problemas y no contribuyan al incendio de la coyuntura que estamos viviendo. Arrogarse la exclusividad de la racionalidad, pretender que su interés particular sea tomado como interés colectivo, asumir que las instituciones existen para que no existan reclamos por derechos que no sean los propios y mostrarse como la encarnación del pasado y el destino colectivo no llama precisamente al diálogo ni a la búsqueda del consenso racional.

 

 

 

Barros se desempeña como Profesor de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB y Profesor de Área Sociedad y Estado en la UNPA. Tiene numerosos antecedentes como docente de posgrado y activa participación en reuniones científicas, conferencias y paneles.